Por Fabiola Martínez*
Una reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que busque ampliar la libertad de expresión de los ministros de culto, como lo ha planteado la jerarquía de la Iglesia católica, sólo daría la posibilidad a ese grupo de tener una mayor injerencia en los asuntos públicos, advirtió Carlos Touché-Porter, obispo primado de la Iglesia Anglicana de México.
Una reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que busque ampliar la libertad de expresión de los ministros de culto, como lo ha planteado la jerarquía de la Iglesia católica, sólo daría la posibilidad a ese grupo de tener una mayor injerencia en los asuntos públicos, advirtió Carlos Touché-Porter, obispo primado de la Iglesia Anglicana de México.
Tras reunirse con la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Ana Teresa Aranda, dijo que la congregación a su cargo apoya la absoluta separación entre las iglesias y el Estado mexicano.
“Sí nos preocupa ver intentos de más presencia (de la Iglesia Católica) en la vida política del país”, señaló.
El encuentro con el obispo Touché-Porter forma parte de una serie de encuentros de la funcionaria con los representantes de las principales asociaciones religiosas registradas oficialmente, posibilidad que tienen estos grupos tras la reforma constitucional de 1993.
En ese contexto, conversó con la funcionaria y con el titular de la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la SG, Salvador Beltrán del Río.
Al término de la cita, el prelado dio su opinión respecto de algunos temas planteados por los representantes de la Iglesia católica, en particular para modificar las normas que lo rigen y, específicamente, disminuir las restricciones que rigen su quehacer.
“Creemos que con la legislación actual es suficiente; el problema radica en que cualquier participación adicional de los grupos religiosos en la vida del país siempre se va a traducir en mayor injerencia de ellos, y eso nos preocupa”, dijo.
La Iglesia Anglicana ha mantenido una participación moderada en los asuntos públicos. Sin embargo, considera, en el caso de un eventual cambio a la normatividad en la materia, y otras como la Ley General de Población, “se requiere una educación sexual responsable que haga énfasis en que las decisiones en materia de salud reproductiva corresponden exclusivamente a la pareja, sin injerencia del Estado o de algún grupo religioso en particular, porque (consideramos que) la planificación familiar no es sólo un derecho, sino una responsabilidad”.
* Nota publicada originalmente en el periódico La Jornada.
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